Sistema Educativo

Estos últimos años han sido, con diferencia, los peores para nuestro sistema educativo.

El Gobierno del PP ha puesto en práctica políticas que, además de haber devaluado la educación pública, han provocado el mayor retroceso en materia de educación de nuestra historia democrática. Los recortes constantes de recursos materiales y humanos han causado un descenso irreparable en la calidad educativa, mermando la equidad y la igualdad de oportunidades, y haciendo que nuestro país reduzca su inversión hasta el 4,2% del PIB, cifra que nos retrotrae décadas. La pérdida de más de 35.000 docentes y el aumento permanente de alumnado ha deteriorado gravemente las condiciones que aseguran la equidad y la calidad en el sistema educativo. La consecuencia de ello es el grave deterioro de los servicios educativos: se han eliminado o dejado bajo mínimos las ayudas para libros de texto, material escolar, ayudas para comedor o trasporte, las becas Séneca, las becas de colaboración, las becas Erasmus o las FPU, el cierre y degradación de las redes de escuelas rurales, el aumento de la ratio profesor-alumno, entre otras muchas y devastadoras consecuencias que, como siempre, han afectado especialmente a las familias con menos recursos. Además, han eliminado Programas de Cooperación Territorial como el Plan Educa3 o el PROA, programas absolutamente necesarios y eficaces para lograr los mejores resultados educativos mediante la compensación de desigualdades y la reducción del fracaso y abandono escolar.

En materia de becas y ayudas al estudio, el Gobierno del PP ha eliminado la beca como derecho y la cuantía media de la beca se ha rebajado en una media de 674 euros. La reforma del sistema de becas ha sido uno de los hechos más negativos de toda la legislatura; ha sido realmente, en políticas referidas a la igualdad de oportunidad, la peor de toda la etapa democrática. Unido a ello, la LOMCE agrava la situación y nos devuelve a tiempos que creíamos olvidados. Es una ley profundamente ideológica, regresiva, elitista, excluyente, segregadora, recentralizadora y confesional; una Ley que, durante su tramitación y posterior puesta en marcha, ha contado con la oposición frontal de toda la comunidad educativa. En política universitaria el Gobierno también se ha empeñado en acrecentar las desigualdades. Unido a la política de becas y ayudas al estudio y a la injusta subida de tasas, ha atentado contra la autonomía de las universidades españolas al reducir brutalmente su presupuesto, y ha eliminado los programas de internacionalización y mejora de las universidades, que constituían la clave para la mejora de la competitividad, investigación e innovación. Además, el cambio en la estructura 3+2 de las enseñanzas universitarias de Grado y Máster, devalúa los títulos de Grado y carga nuevamente sobre las familias el sobrecoste de los Másters. PROPUESTAS PROPONEMOS TRES GRANDES

COMPROMISOS:

• Derogaremos la LOMCE y paralizaremos de forma inmediata su aplicación para, seguidamente, promover un gran acuerdo social y político para mejorar nuestro sistema educativo y elaborar una ley básica de educación, que cuente con el máximo consenso parlamentario y de toda la comunidad educativa. De manera inmediata paralizaremos las reválidas y los decretos que amparan los recortes en educación.

• Nuestro propósito es ampliar y reforzar el derecho a la educación. Ampliaremos el índice de escolarización pública desde los 0 hasta los 18 años, de modo que sea asequible y accesible para todos los jóvenes; para ello extenderemos la oferta pública de escuelas infantiles para cubrir la demanda de plazas de 0 a 3 años y crearemos al menos 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional.

• Reconoceremos el derecho a una beca como derecho subjetivo sólo condicionado esencialmente al cumplimiento de los requisitos de renta para que ni ningún estudiante deje de estudiar por razones socioeconómicas. Además crearemos una beca para que licenciados en situación de desempleo puedan acceder a masters universitarios y así recualificarse. JUNTO A ELLO:

• Estableceremos una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo hasta alcanzar un suelo común de financiación del 5% del PIB en dos legislaturas, y con la aspiración de alcanzar el 7% a medio plazo.

• Recuperaremos los Programas de Cooperación Territorial con el PROA para prevenir el abandono escolar temprano.

• Impulsaremos un programa de cooperación territorial con las CCAA para el apoyo a la escuela rural.

• Adoptaremos, de acuerdo con las CCAA, las medidas necesarias para asegurar la gratuidad de los libros de texto.

• Recuperaremos Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos con conocimientos de la Constitución Española, de las Instituciones Europeas e internacionales y sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la violencia de género.

• Proporcionaremos apoyo para que los padres que deseen dar educación religiosa a sus hijos puedan utilizar las instalaciones educativas fuera del horario escolar y sin incidencia alguna en el currículo.

• Promoveremos, mediante acuerdo, un modelo común para el aprendizaje de idiomas.

• Aprobaremos un Estatuto del Personal Docente que, entre otras, impulse su profesionalización, le dignifique, regule sus condiciones de trabajo, su formación permanente y los criterios para su promoción, e incorpore un sistema de acceso a la docencia similar al MIR sanitario.

• Apostaremos por la Formación Profesional a través de un Plan que la impulse y la dignifique, que permita aumentar la tasa de titulaciones en esta etapa y que amplíe la oferta, y compatibilice formación y empleo. Aseguraremos la complementariedad de la Formación Profesional que proporcione el sistema educativo y el sistema de Formación Profesional para el empleo.

• Definiremos un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas que sea transparente, que garantice la suficiencia de recursos, la eficacia y la eficiencia, que asegure la equidad y genere estímulos consistentes para la mejora de los resultados y de la calidad. Para ello y en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, promoveremos un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante y permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado.

• Promoveremos un programa de ayudas para personas tituladas universitarias en situación de desempleo para que puedan pagar la matrícula de master en universidades públicas

• Aprobaremos, en el primer año, un Estatuto del Personal Docente e Investigador.

• Multiplicaremos la educación on line en todos los niveles del proceso educativo.

Enlaces de interés